Demandas de cambio: el claro mensaje tras el resultado electoral

La alta participación en las elecciones parlamentarias el pasado 6 de diciembre ponen en cuestionamiento lo que hasta el momento ha sido una afirmación incontestable en Venezuela: la cultura política presidencialista de los venezolanos.
La diferencia en la tasa de participación entre las Presidenciales 2013 y las Parlamentarias 2015 es de tan sólo 4,5 puntos (79,7% y 74,2% respectivamente). Esto a su vez representa un incremento de 7,8% respecto a las Parlamentarias de 2010, elecciones que ya habían registrado el más alto nivel de participación en este tipo de elección hasta ese momento. Eso nos habla de una participación en elecciones parlamentarias que no para de subir.
Este incremento también certifica que la voluntad de la ciudadanía quedó plasmada en los resultados, pues los que dejaron de votar respecto al año 2013 son mucho menos que la diferencia entre los votos obtenidos por el gobierno y por la oposición.
Pero si eso es cierto para afirmar que la oposición sacó más votos y el gobierno menos, debemos también matizar la afirmación, pues la verdad es que los electores no se manifestaron en una proporción de 67% a 33%, tal y como quedó constituida en la Asamblea Nacional. La verdad es que la expresión popular plasmada el domingo 06 de diciembre es de 57% a 42%. Pero la encargada de convertir los votos en diputados (la Ley Orgánica de Procesos Electorales – LOPRE) es insensible ante las preferencias de la ciudadanía. Tal y como lo afirmamos en el 2010, lo reiteramos hoy.
Así, en Estados en los que el voto se dividió en partes casi iguales entre las alianzas oficialista y opositora, por diseño de los circuitos y efectos de la lista, quedaron bajo el poder absoluto de un solo bloque. Los Estados Aragua y Guárico son ejemplo de ello. Mientras en el primero la votación se dividió en 54% a 43% a favor de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), los 9 diputados de la entidad se repartieron 89% a 11% a favor de la misma alianzaMUD. Por su parte, en Guárico sucedió exactamente lo mismo pero a la inversa: la votación se dividió 48% a 50% a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados, mientras los 6 diputados de ese estado se dividieron 17% a 83% en beneficio del PSUV. Patrón que se repite en todas partes.
El resultado final: una distorsión equivalente a la producida en el 2010 en la conformación de la Asamblea Nacional (AN), sólo que ésta vez a favor de la oposición la cual con 57% de los votos obtiene un bono de 10 puntos para alcanzar el 67% de los diputados y con ello la mayoría de 2/3 partes de la AN, configurando un cuadro desconocido para la política venezolana: el control absoluto del parlamento queda, por primera vez en la historia, en manos de los partidos de oposición.
Recordando, en 1968, 1978, 1993 y 1998 la cámara de diputados del antiguo congreso tuvo una mayoría de Acción Democrática (AD) aún cuando el Presidente era de un partido distinto, pero AD nunca tuvo control total del espacio legislativo, sólo una mayoría. El resto de los años de la historia democrática venezolana la mayoría del parlamento ha estado en manos del partido gobernante, incluidos los años 2000, 2005 y 2010.
Este novedoso cuadro invita a reflexionar sobre varios puntos: ¿estuvo relacionada la votación de esta elección con los candidatos, o con el funcionamiento de la AN, o con la gestión del Presidente, o finalmente, con la crisis económica y social?
En nuestra opinión, la respuesta a todas esas preguntas culmina en la expresión de una clara demanda de cambio: en primer lugar, un voto por el entendimiento, el diálogo y la construcción de consensos mínimos, es decir, una demanda de cambio en la forma de hacer política impuesta desde inicios del siglo XXI. En segundo lugar, demandas de cambio del sistema electoral, para que permita expresar en la oferta y en la votación, la pluralidad de ideas e identidades que conforman el colectivo nacional. Es responsabilidad de la nueva mayoría opositora impulsar este cambio: la reforma de la LOPRE, para que la próxima AN y las instituciones que de ella emanan sean expresión de esa demanda de cambio y entendimiento.
En este sentido se hace es imperativo concluir que el cambio de la institucionalidad política no puede ser separado del contexto económico y social, y allí hay también unas profundas demandas de cambio. La política del próximo año 2016 y los años siguientes no podrá escapar a las expectativas de mejora de calidad de vida y demandas de modernización de toda la sociedad venezolana.

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