Primarias Opositoras: retos para la lucha electoral de frente a las presidenciales venezolanas de 2024

 Héctor Briceño



Las precarias condiciones políticas en Venezuela se deterioraron de manera abrupta luego de que la oposición alcanzara su clímax en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.  

En aquel entonces, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se convirtió no solo en mayoría electoral absoluta, al obtener más del 56 por ciento de los votos y el 67 por ciento de los escaños, sino que también en una clara opción de cambio político y de retorno de la democracia.

Sin embargo, el resultado generó una fuerte reacción por parte del gobierno autoritario de Nicolás Maduro, aumentando la represión y persecución contra los partidos políticos opositores, sus simpatizantes, líderes, así como también de la población en general.

Frente a las masivas protestas desatadas entre 2016 y 2017 el gobierno respondió con una ola de represión y violencia sin precedentes a través de las fuerzas militares, policiales y los colectivos armados, violando los Derechos Humanos a través de tratos crueles e inhumanos, incluyendo torturas, desapariciones y asesinatos.









La violencia estatal junto al fracaso de la oposición en la Asamblea Nacional dio paso a una nueva estrategia política que supeditó la competencia electoral al fin del régimen autoritario de Nicolás Maduro, trasladando el liderazgo colectivo de la MUD a un pequeño grupo de líderes. En efecto, los años posteriores vieron el abandono progresivo de las elecciones como mecanismo de lucha por la recuperación de la democracia. Esto fue caso en la elección de una Asamblea Nacional Constituyente en 2017, las elecciones de Gobernadores de 2017, las Presidenciales de 2018 y las Parlamentarias de 2020, todas boicoteadas parcial o totalmente por los principales partidos opositores.

La cúspide de la nueva estrategia opositora llegó en 2019 con la instauración del gobierno interino de Juan Guaidó orientado por una estrategia de tres etapas para el cambio político que el líder resumió en el moto: “el cese de usurpación, gobierno de transición y (posteriormente, realización de) elecciones libres”.

Pero las promesas de cambio del interinato se desvanecieron progresivamente luego de que los intentos de rebelión militar fracasaran en abril y mayo de 2019,  la amenaza de intervención militar extranjera se diluyera, y el interinato se sumergiera en múltiples acusaciones de corrupción en el manejo de recursos públicos. Deslegitimados frente a la población y sumergidos en la mutua desconfianza, los partidos y líderes opositores permanecieron fragmentados.

Incluso frente a las elecciones regionales de noviembre de 2021, en las que, a pesar de los esfuerzos y de algunos cambios positivos en las condiciones electorales, los partidos opositores no lograron acordar más que un pequeño grupo de candidatos unitarios, desaprovechando la oportunidad de capitalizar el mayoritario descontento popular frente al gobierno al dispersar el voto opositor en más de tres alianzas.

No obstante, las elecciones regionales dejaron algunas lecciones para los opositores imposibles de ignorar. En primer lugar, las elecciones regionales demostraron que el descontento frente a la gestión de Nicolás Maduro es mayoritario. En segundo, que ese descontento es capaz de expresarse electoralmente, incluso frente a las condiciones sociales, políticas y electorales extraordinariamente adversas. Finalmente, y quizás más importante, los resultados electorales del 2021 mostraron que los obstáculos impuestos por el gobierno no son los únicos obstáculos existentes.

Imponerse electoralmente demanda un mínimo de coordinación por parte de los líderes políticos, pues la fragmentación en la oferta electoral opositora no solo dispersa el voto entre partidos y candidatos, sino también desestimula la participación y genera desesperanza.

En resumen, las elecciones regionales del 2021, y muy especialmente el caso Barinas, colocaron nuevamente en el centro de la política opositora la ruta electoral como mecanismo de lucha.

Los retos de las elecciones Primarias Opositoras

En este contexto, las elecciones primarias del próximo 22 de octubre se presentan como un primer paso hacia la reconstrucción de la unidad democrática, en la que más que elegir un candidato o candidata presidencial, se funden las bases para la construcción de consensos políticos más amplios e inclusivos que convoquen a la inmensa mayoría de actores sociales y ciudadanos que rechazan el régimen autoritario, en torno a una ruta de lucha clara hacia la recuperación de la democracia.

Para lograrlo, sin embargo, deben superarse varios retos. En primer lugar, las elecciones primarias deben realizarse exitosamente el 22 de octubre, tal y como están previstas. Ello implica cumplir con los estándares democráticos electorales y administrativos internacionales. Los centros de votación deben funcionar de manera eficiente con apoyo logístico de la Comisión Nacional de Primarias (CNP), contar con la participación de testigos de los distintos candidatos, y con observación electoral reconocida.

También es necesario que la ciudadanía acuda masivamente, tal como lo pronostican las encuestas, pues cuanta mayor participación, mayor será el éxito del evento electoral, y mayor la legitimidad de la nueva alianza política y su propuesta.

Sin embargo, la voluntad ciudadana no es suficiente para un evento electoral bajo un régimen autoritario. El gobierno está interesado en que la participación sea escasa, y dispone de una diversidad de recursos para obstaculizarla: desde las amenazas a perder beneficios sociales, hasta el uso de la violencia a través de colectivos armados.

De hecho, los candidatos ya se han tenido que enfrentar a estos obstáculos durante el período de campaña que inició el pasado 22 de agosto. Los reportes de ataques a simpatizantes del chavismo en actos de campaña son numerosos, y es de esperar que se intensifiquen a medida que se acerque el evento; mientras que, la hegemonía comunicacional ha invisibilizado la campaña en los medios tradicionales. Ningún candidato ha podido promover sus propuestas a través de los medios, mientras que lideres chavistas atacan la elección primaria desde la televisión.

El ganador absoluto de la jornada

Luego que los candidatos Freddy Superlano del partido Voluntad Popular (VP), Roberto Enríquez del partido COPEI y Henrique Capriles Radonski del partido Primero Justicia (PJ) se retiraran de la contienda, 11 candidatos competirán en las primarias del 22 de octubre: 7 hombres y 4 mujeres, incluyendo una candidata transgénero.

Aunque es sumamente difícil predecir los niveles de participación y mucho más el ganador de un evento electoral como este, pues las variables intervinientes son complejas y los precedentes para calibrarlas muy pocos; la mayoría de los estudios de opinión indican un amplio margen de victoria para la líder del partido Vente Venezuela, la exdiputada María Corina Machado.

No deja de ser paradójico que sea precisamente una de las líderes más críticas y radicales frente al chavismo (así como también de la propia oposición), quien ha promovido desde protestas hasta intervención internacional y la implementación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Sin embargo, el importante apoyo popular del que goza la líder de “el partido de la libertad,” luego de años estancada en cifras de un solo dígito, solo ha sido posible tras transformar progresivamente su narrativa del uso de la fuerza por un lenguaje de la lucha electoral, y tras moderar el ataque hacia el resto de los líderes opositores.

Su ratificación electoral significaría un paso importante hacia la unidad, pero también impone nuevos y peligrosos retos. María Corina Machado, al igual que otros líderes opositores, se encuentra ilegalmente inhabilitada para ejercer cargos públicos. Esto significa que no podría inscribir su candidatura frente al órgano de administración electoral controlado por el chavismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), para las elecciones presidenciales de 2024. Esto ya ha sucedido a otros candidatos en procesos electorales anteriores, aunque nunca en una elección presidencial.

Esta situación colocaría en el centro de la acción opositora posterior a las primarias la lucha por los derechos políticos de la líder una estrategia que, aunque necesaria, podría supeditar la lucha más amplia e importante por condiciones electorales democráticas.

Adicionalmente, la victoria de María Corina Machado, dada su injusta inhabilitación, plantea la necesidad de establecer un mecanismo de sustitución de su candidatura en caso de que la inhabilitación se imponga hasta el final, para evitar así abandonar nuevamente la ruta electoral.

Finalmente, el reto quizás más complicado es desarrollar un proceso de diálogo y negociación con el gobierno que permita establecer un camino para la reinstitucionalización del país a partir de las elecciones presidenciales y las parlamentarias programadas para el 2025, en el que, independientemente de los resultados, todos los actores políticos tengan incentivos para iniciar un proceso de transición a la democracia.

La ganadora absoluta del 2023 ha sido el retorno de la ruta electoral como mecanismo de lucha por la democracia que en octubre ha recibido dos grandes espaldarazos. El 18 con la firma del “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” entre los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria opositora en la ciudad de Bridgetown, Barbados. El 22 con la realización de las elecciones primarias opositoras.


Este artículo fue publicado inicialmente por The Global Americans, en octubre de 2023.

Imagen: France24.

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