Rumbo al récord olímpico
Las impresionantes marcas que sigue acumulando la atleta venezolana Yulimar Rojas contradicen tanto la ley de la gravedad como la afirmación según la cual “los humanos no pueden volar”. Recientemente las pistas de Mónaco, y antes que ellas las de Madrid a inicios del 2020, fueron testigo de la hazaña que registró el vuelo de 15,43 m que la convirtió en la propietaria del récord mundial del triple salto ‘indoor’. La pandemia del COVID-19, sin embargo, postergará un año más la obtención del título olímpico del triple salto femenino, el cual reposa aún en las manos de la ucraniana Inessa Kravets y sus impresionantes 15,50 m.
Simultáneamente, otro campeón venezolano está por registrar otro récord. La cita será el 6 de diciembre de 2020, cuando en las calles venezolanas se impondrá una nueva marca olímpica, aunque esta vez lejos de acercarse a las nubes, enterrarán más aún al país en las oscuras cavernas de las prácticas antidemocráticas.
Tras la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) a realizar elecciones parlamentarias, pareciese que el gobierno se ha propuesto como meta establecer un nuevo récord olímpico violentando toda normativa electoral existente. Así, todas las semanas sorprende con un nuevo cambio, a pesar de que la Constitución venezolana establece taxativamente que no puede realizarse modificación alguna a la ley electoral en el transcurso de los seis meses que anteceden la realización de una elección. Adicionalmente, los cambios realizados son cualquier cosa menos cosméticos.
Por ejemplo, hace un par de semanas el CNE anunció un nuevo reglamento para la elección de representantes indígenas ante la Asamblea Nacional que implica un triple salto mortal hacia el pasado, en el que se le despoja del derecho al voto universal, directo y secreto, para sustituirlo por un voto de segundo grado de carácter público. El reglamento también define la ciudadanía indígena de manera excluyente permitiendo la exclusiva participación a través de ‘comunidades’ indígenas, dejando desamparados a cualquier miembro de estas comunidades que, por las razones que sea, haya decidido a hacer vida en las ciudades, lo que resalta la visión etnocentrista del gobierno sobre la vida indígena, como si esta fuese sinónimo de ‘andar por la selva en guayuco, con arco y flecha’.
Pero las violaciones electorales no quedan allí. Como señala un informe de la organización de la sociedad civil Observatorio Global Comunicación y Democracia (OGCD) la descarada improvisación con que se realizan todas las actividades establecidas en el ajustado cronograma electoral es una clara evidencia de que el gobierno desea imponer las elecciones ‘como sea y a toda costa’ y de la la imperiosa necesidad que tiene de legitimarse frente a sus aliados internacionales e internos de traje verde oliva.
El nombramiento unilateral de nuevas autoridades por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) significó un duro golpe a la confianza en la imparcialidad, reforzada por la renuncia de uno de los rectores y su posterior manifestación de participación como candidato en las elecciones que él mismo había ‘confeccionando’ como máxima autoridad electoral.
A menos de 4 meses de la elección, se desconoce cómo funcionará el sistema de votación tras la destrucción de casi la totalidad de las máquinas de votación, producto de un conveniente incendio a inicios de este año 2020. Las autoridades han informado la compra de nuevas máquinas, por supuesto sin realizar antes el debido proceso de licitación, pero aún no se conoce nada de ellas ni del software que las controlará y, por tanto, encargado no solo del funcionamiento de las máquinas, sino más importante aún, de traducir los principios políticos constitucionales como el secreto al voto.
La lista de violaciones es larga y contiene la intervención judicial y policial de los principales partidos políticos opositores, así como de 9 partidos chavistas minoritarios incluyendo al Partido Comunista de Venezuela, los cuales habían manifestado su ruptura electoral con el gobierno de Nicolás Maduro.
El repertorio prosigue con la incorporación ilegal de un nuevo sistema electoral paralelo de listas nacionales ocultas, una muy defectuosa jornada de inscripción y actualización del registro electoral, por supuesto sin auditar y, no menos importante, con la exclusión de las mínimas normativas de bioseguridad en todos sus procesos.
Todas estas violaciones le aseguran al gobierno de Nicolás Maduro un récord olímpico de las elecciones menos democráticas.
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